Sanciones y consecuencias por no dar de alta a los empleados en la Seguridad Social

No registrar a un trabajador en la Seguridad Social constituye una infracción laboral tipificada en el Real Decreto Legislativo 5/2000, que regula el régimen sancionador en el ámbito social. Esta conducta puede considerarse una infracción grave o muy grave, en función de las circunstancias concretas y la intencionalidad del empresario.

Tipos de infracción y cuantía de las multas

Infracciones graves

Estas implican sanciones económicas que pueden ir desde 3.750 € hasta 10.000 €. Casos comunes incluyen no tramitar el alta del trabajador en los plazos legales o cometer errores reiterados en los procesos de afiliación y cotización.

Infracciones muy graves

En situaciones donde se demuestra reincidencia, fraude o una clara vulneración de los derechos laborales, las multas pueden alcanzar hasta 225.018 €. Estas sanciones son más frecuentes en sectores con alta temporalidad o actividad sumergida, y cuando el empleador actúa de manera deliberada y sistemática.

Sanciones acumulativas

Cuando la Inspección de Trabajo detecta que varios empleados no están dados de alta, las sanciones se aplican de forma individual, no conjunta. Es decir, si cinco empleados carecen de alta, la multa se multiplica por cinco, suponiendo un impacto económico muy considerable para la empresa.

Alta retroactiva y pagos pendientes

La regularización no solo implica la multa. La empresa deberá asumir el coste de:

Cotizaciones impagadas desde el inicio real de la actividad laboral.
Recargos por mora e intereses, lo que incrementa notablemente la deuda total con la Seguridad Social.

Repercusiones legales y prácticas

El daño causado por estas prácticas va más allá del aspecto económico:

Reputación empresarial

Infracciones laborales generan desconfianza tanto en clientes como en potenciales trabajadores, afectando gravemente la imagen corporativa.

Pérdida de beneficios y ayudas

La empresa puede perder el acceso a bonificaciones en las cotizaciones, subvenciones públicas e incluso ser excluida de procesos de licitación pública, especialmente relevantes en sectores como la construcción o servicios a la administración.

Reclamaciones judiciales

Los trabajadores afectados pueden demandar a la empresa para:

Obtener el reconocimiento de la relación laboral.
Reclamar salarios y derechos no percibidos.
Solicitar el alta retroactiva, con todas sus implicaciones financieras.

Riesgos penales para los empleadores

El Código Penal, en su artículo 311, considera delito la explotación laboral y el fraude en materia de Seguridad Social. Las consecuencias incluyen:

Multas penales adicionales.
En casos graves, penas de prisión de 6 meses a 6 años para los responsables legales.
Ejemplos: contratación de menores o personas extranjeras sin regularizar, y reincidencia en omitir el alta de los trabajadores.

Impacto en la continuidad de la empresa

El conjunto de sanciones, reclamaciones e inhabilitaciones puede derivar en:

Cierre temporal de actividades hasta regularizar la situación.
Cese definitivo del negocio, en casos de insolvencia o imposibilidad de cumplir con las obligaciones legales.

Cómo prevenir este tipo de sanciones

Prevenir este tipo de infracciones requiere compromiso y rigurosidad en la gestión de personal. Se recomienda:

Auditorías laborales internas periódicas para asegurar que todos los trabajadores estén correctamente dados de alta y cotizando.
Asesoría profesional especializada, como la que ofrece Quality Conta, para cumplir con la normativa vigente y evitar errores que puedan costar muy caro.

Casos habituales de infracción

Entre las situaciones más comunes detectadas por la Inspección de Trabajo se encuentran:

Contrataciones temporales sin registro en la Seguridad Social.
Trabajadores a jornada parcial encubiertos como autónomos.
Omisiones en la actualización de contratos y afiliaciones.

Las visitas sorpresa de la Inspección, así como las denuncias de los propios trabajadores, son las vías más comunes para descubrir estas irregularidades.